KATOPODIS ACUSA A LA NACIÓN DE EMBARRAR UNA LICITACIÓN VIAL Y PIDE INTERVENCIÓN DE VEEDORES
Publicado por: Joaquin Massa
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció “arbitrariedad, desviación de poder y persecución política y económica” al gobierno de Javier Milei por interferir en una licitación pública sobre obras viales a la que se presentó la empresa provincial Aubasa.
“Venimos observando con mucha preocupación un proceso con cambios, con modificaciones y con decisiones que van marcando, probablemente, cierta arbitrariedad en la asignación de los concesionarios”, expuso el ministro desde la tradicional conferencia de los lunes.
El funcionario de Axel Kicillof dio cuenta de que una semana antes de que se venza el plazo de la presentación, en más de 34 páginas se modificaron 33 artículos del proceso licitatorio, al tiempo que también hubo cambios en la contratación cuando ya estaba iniciada. “Todos esos cambios desvirtúan absolutamente el proceso licitatorio y cambian estructuralmente el proceso de concesión al que nos estaba convocando el Gobierno nacional”, lanzó.
En concreto, Aubasa se presentó como oferente para la gestión de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur que incluyen 1.325 kilómetros de las RN 3, RN 205, RN 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y la Riccheri.
Según la exposición, la primera de ellas cuenta con una extensión total de 1.325,17 kilómetros incluyendo a 3 rutas nacionales y 2 autopistas, mientras que el Tramo Pampa está conformado por 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5 (Luján-Buenos Aires) hasta el empalme con la Ruta 35 en Santa Rosa, La Pampa.
El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025, el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas y el 27 de ese mismo mes, se llevó a cabo el primer acto de apertura de las ofertas presentadas. Dentro de las fechas mencionadas y sobre la marcha del proceso, el Gobierno nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original.
“El mismo Gobierno nacional que abandonó todas las rutas nacionales, que tiene en un estado deplorable, con un riesgo de vida para todos los que las transitan, es el mismo Gobierno Nacional. Convocó a este proceso licitatorio, pero definitivamente estamos observando con muchísima preocupación que es un proceso que está muy lejos de ser transparente e íntimo”, aseguró Katopodis.
Por eso Katopodis realizó una presentación ante el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, para que disponga la intervención institucional del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel; y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, en calidad de veedores. Srgún el funcionario, esto servirá para garantizar la “legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad” del procedimiento administrativo en curso.
El ministro, que estuvo secundado por los gerentes de Aubasa Pablo Ceriani y José Arteaga, aseguró que la empresa logró completar todos los requisitos que estaban siendo exigidos en este proceso y aseguró estar “con mucha confianza” que la bonaerense “es la mejor propuesta en materia de estructura económica, de experiencia, de buen manejo de las rutas y fundamentalmente en la capacidad de obras que podemos hacer en esas rutas que desde hace más de dos años y medio están absolutamente abandonadas”.
“La motivación del gobernador es no dejar en manos del Gobierno nacional que las rutas, en este caso nacionales, en la provincia de Buenos Aires sigan deteriorándose en función del peligro que representan, pero también en función del deterioro en la logística y en la conectividad y el desarrollo económico productivo que tiene la provincia a partir de todos estos corredores”, sumó el funcionario.
En su descargo ante el ministro nacional, Katopodis subrayó que mientras Aubasa “habría acompañado desde el inicio una oferta íntegra, suficiente y documentada, otros oferentes habrían presentado omisiones de entidad”. Sin embargo, agregó, la vara de evaluación “no habría sido uniforme” dado que a determinados competidores “se los habría favorecido con plazos de tolerancias o subsanaciones amplias, mientras que a Aubasa se le habrían requerido aclaraciones innecesarias respecto de extremos ya acreditados”.
Respecto del direccionamiento político de la medida, en el texto que giró a Economía, Katopodis aseguró que cuando una empresa provincial compite en un procedimiento nacional en un contexto de “conflicto político y financiero documentado entre ambas jurisdicciones”, cualquier exclusión que se base en criterios opinables o forzados “exige un control reforzado” porque de otro modo, el acto administrativo corre el riesgo de aparecer no como una decisión técnica, sino como la “exteriorización de una política de disciplinamiento o menoscabo institucional”.
“A lo largo de las rutas, lo oscuro de esta licitación se vincula a una intencionalidad que es hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones. Un modelo que ya vimos en la Argentina: peajes caros, dolarizados, de un gobierno nacional que hoy tiene la concesión de todas estas rutas y en dos años y medio cobró todos los peajes y no pudo ni apenas cortar el pasto de esas rutas”, fustigó el ministro.
En el marco de la conferencia, aprovechó a agregar que el gobierno no construyó rutas ni autopistas y que, además, “se ha robado 6.1 billones de pesos en materia de impuestos al combustible e impuestos que tienen como cargo, y como lo hemos denunciado en muchas oportunidades, el desarrollo de infraestructura agraria y de obra pública para toda la Argentina”.
“El gobierno nacional se ha quedado con los peajes, se ha quedado con el impuesto país, se ha quedado también con el impuesto a los combustibles, ese tercio que todos pagamos cada vez que cargamos ese litro de nafta y que tiene como destino, por ley, el desarrollo de obras viales que no ha realizado. En función de todo eso es que Aubasa tomó la decisión de presentarse en esta licitación”, argumentó.
