“MILEI SÓLO QUIERE SUPERPODERES, ES EL CORAZÓN DE LA LEY”

27 de Enero - El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) en Diputados, Germán Martínez, se refirió en las últimas horas la quita del capítulo fiscal de la ley Bases y aseguró que la medida se trata de “una “derrota del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal”.

Al mismo tiempo, consideró que es una “trampa” que se mantengan las delegaciones de facultades al señalar que “Milei sólo quiere superpoderes. Es el corazón de la ley”.

En esa misma línea, el diputado de UxP, Daniel Arroyo, dijo que “es preocupante el grado de improvisación del Gobierno” y afirmó que “más allá del retiro del paquete fiscal anunciado por el ministro Caputo, es invotable la delegación de facultades al Presidente, las privatizaciones de empresas estratégicas y las reformas en seguridad, entre otros artículos”.

Uno de los puntos centrales que ahora tendrá la discusión será la emergencia pública en nueve materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud.

Además de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría contempla la privatización de unas cuarenta empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y la reforma del Estado, donde se contemplan cambios en la estructura en la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados públicos.

Sobre las privatizaciones, el despacho fija que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

En cuanto al FGS, el oficialismo propone que sus activos se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.

En ese sentido, se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia.

Además se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

Otro punto contempla que los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.

El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas en un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía en la iniciativa original.

También se mantiene la propuesta de permitir la legítima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.