“QUEREMOS QUE BULLRICH ENTIENDA QUE NO SOMOS BLANCOS MÓVILES”

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció penalmente la represión contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos que realizaron la cobertura de la movilización al Congreso de la Nación durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, que se extendió del 31 de enero al 2 de febrero pasados.

La presentación la hizo junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para determinar las responsabilidades por el ataque brutal y deliberado contra 35 trabajadoras y trabajadores de prensa que fueron agredidos con balas de goma, quemados con gases irritantes o golpeados con tonfa mientras realizaban su trabajo.

En la denuncia, hecha ante el Juzgado Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, el gremio solicita ser querellante y pidió que se investigue a efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria por lesiones, leves y graves -agravadas por abuso de la función y el cargo-, vejaciones, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y por el uso de violencia y abuso de autoridad.

Las y los trabajadores agredidos de medios privados, públicos y autogestivos estaban identificados como periodistas, fotógrafos o camarógrafos.

Hay casos, incluso, en que fueron reprimidos cuando la señal del canal de televisión estaba en vivo, como por ejemplo el movilero de A24, que tenía micrófono en mano y estaba identificado con el logo del canal. Otro ejemplo es el caso de un camarógrafo de C5N, que fue rociado dos veces en la cara con gas irritante y estuvo más de 20 minutos sin poder abrir los ojos y luego, cuando se recuperó de eso, fue golpeado por la policía mientras registraba una detención.

También fue detenido un fotógrafo que estaba realizando su trabajo y fueron baleados o quemados con gas irritante sobre el rostro u otras partes del cuerpo trabajadores de la agencia Télam, Associated Press, Página/12, Televisión Pública, Telefé, TeleSISA, Ámbito Financiero, La Retaguardia, Zuma Press, Anred y La Garganta Poderosa. Esto tiene como antecedente las agresiones a los equipos periodísticos de TN y Telefé, ocurridos durante la cobertura de la movilización del 27 de diciembre convocada por la CGT.

El secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, señaló: «Parece que tenemos que explicarle a la ministra Patricia Bullrich que las y los trabajadores de prensa no somos blancos móviles».

«Las y los periodistas, camarógrafos y fotógrafos estaban ahí para cubrir una noticia, que era la movilización al Congreso en el marco del tratamiento de una ley, y estaban haciendo su trabajo que, muchas veces, termina después de la movilización, según definan las diferentes empresas para las que trabajan», planteó.

«El ataque y hostigamiento constante contra quienes desarrollábamos nuestro trabajo estuvo en manos de las cuatro fuerzas federales que actuaron amparados en el protocolo que implantó Bullrich y el gobierno de Milei. Pareciera que el ataque contra la prensa buscaba que no se informara sobre lo que ocurría porque los ataques fueron contra periodistas que trabajan para los más diversos medios, con diferentes líneas editoriales», agregó Lecchi.

Además, SiPreBA -junto a otras organizaciones- denunció el incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de los estándares de libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Este incumplimiento se expresa no sólo en la represión a los trabajadores de prensa sino también en la intervención del sistema público de medios (Télam, Radio Nacional, TV Pública y las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV) y la intención de privatizarlo.

También se presentó como amicus curiae en una causa impulsada por la legisladora porteña Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda), para que se declare la inconstitucionalidad del «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación».